La personalidad de YouTube Cody “WhistlinDiesel” Detwiler afirma que las autoridades de Tennessee esperaron deliberadamente para arrestarlo por cargos de evasión de impuestos y luego actuaron para silenciarlo solicitando una orden de silencio. El caso gira en torno a su Ferrari F8 matriculado en Montana, que luego fue destruido en Texas. Detwiler afirma que el estado retrasó intencionalmente el contacto con respecto a posibles cuestiones fiscales para construir un caso más sólido y luego ejecutó el arresto con el máximo impacto público.
Acción retardada del Estado y presunto engaño
Según Detwiler, los representantes estatales ya tenían conocimiento de la matriculación del Ferrari en otro estado hace más de un año. Cuando su contador preguntó si Detwiler debería transferir la propiedad a Tennessee, alega que los funcionarios desaconsejaron discutir el asunto con él y recomendaron dejar los activos intactos hasta que concluyera la investigación. Esto sugiere una estrategia deliberada para reunir pruebas antes de dialogar directamente con Detwiler.
“Eligieron al tipo equivocado para dar ejemplo”, afirmó Detwiler en su video, dando a entender que el estado subestimó su alcance público y su voluntad de contraatacar.
Disputa sobre orden de silencio: impugnación de la Primera Enmienda
El estado ahora está presionando para que se imponga una orden de silencio, citando preocupaciones de que el gran número de seguidores en línea de Detwiler pueda influir en un jurado o incitar a la hostilidad contra los trabajadores estatales. Detwiler argumenta que se trata de una represalia inconstitucional por sus revelaciones públicas sobre el caso y que la orden le impediría defenderse, responder a reclamaciones o monetizar contenido relacionado con la acusación. La audiencia por esta orden de silencio está prevista para el lunes 8 de diciembre.
Qué significa esto: dinámica de poder y escrutinio público
Esta situación subraya el potencial de abuso de poder en las investigaciones, especialmente cuando el objetivo son personas de alto perfil. La supuesta estrategia del Estado de retrasar el contacto para fortalecer su caso, junto con el intento de orden de silencio, plantea dudas sobre la transparencia y la equidad. El caso también destaca cómo las redes sociales pueden amplificar las batallas legales, obligando a las autoridades a enfrentar el escrutinio público en tiempo real.
El resultado de la audiencia de orden de silencio probablemente sentará un precedente sobre cómo las figuras públicas pueden discutir los procedimientos legales en curso, particularmente en casos con una presencia significativa en línea. Queda por ver si las afirmaciones de Detwiler se sostienen en los tribunales, pero el caso ya ha provocado un debate sobre los límites del poder estatal y el derecho a la libertad de expresión.
